Skip to main content

Funcionario de la JCE enfrenta coerción por falsificación de documentos

Santiago, República Dominicana – La Fiscalía de Santiago ha logrado imponer medidas de coerción contra Domingo Ramírez Rodríguez, acusado de falsificar documentos públicos para evadir su responsabilidad como presidente de un Colegio Electoral en las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo.

Domingo Ramírez Rodríguez presentó una renuncia al cargo asignado por la Junta Central Electoral (JCE) para presidir el Colegio Electoral 1018 en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), a solo cinco días de las elecciones. Alegó que debía comparecer a una audiencia el 19 de mayo debido a un proceso de saneamiento en El Seibo.

La ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23 considera delito electoral la renuncia injustificada a un cargo previamente asignado para los certámenes electorales.

Investigación y pruebas para la coerción

La investigación, liderada por el fiscal Osvaldo Bonilla Hiraldo y el fiscal Aldo Peralta Lendof, reveló que los documentos presentados por Ramírez Rodríguez eran falsificados. Los nombres del juez y la secretaria en los documentos presentaban un formato de letras diferente al utilizado en la firma digital del Tribunal de Tierras de la Jurisdicción Original de El Seibo.

La jueza Stephanie Santiago Reyes impuso a Ramírez Rodríguez una garantía económica de $200,000 pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país como medida de coerción. La Fiscalía estuvo representada en la audiencia por la fiscal Merary Guzmán.

Cargos y legislación

Ramírez Rodríguez enfrenta cargos por violación a los artículos 147 y 148 del Código Penal Dominicano, relacionados con la falsedad en escritura pública. También se le acusa de violar el artículo 18 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Además de los artículos 65 y 310 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral No. 20-23.

Esta medida refleja el compromiso de las autoridades dominicanas con la integridad del proceso electoral y el cumplimiento de la ley.