Suprema Corte decidirá si aparta a jueza en caso de fiscal acusado de soborno

Santo Domingo.- La recusación interpuesta por la defensa del procurador fiscal imputado de recibir un soborno de US$10,000, contra la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional,Ysis Muñiz, está pendiente de fallo por parte de los magistrados del Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Este jueves, los jueces del alto tribunal podrían decidir si existe mérito o no en la recusación presentada por el abogado Albert Delgado, representante legal del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara. La defensa alega parcialidad en el proceso, debido a que la jueza habría participado en un elemento de prueba, lo que, según su criterio, la inhabilita para conocer la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

El pasado día 14, la recusación fue remitida a la Suprema Corte de Justicia con el objetivo de evaluar su admisión o rechazo. Esta acción provocó la suspensión, sin fecha definida, del conocimiento de la medida de coerción contra Valdez Alcántara.

Se recuerda que la defensa del procurador fiscal sostuvo que “la jueza Ysis Muñiz participó en la entrega controlada del dinero; es decir, tuvo contacto con el dinero, con el video y con las pruebas, a las cuales nosotros ni siquiera hemos tenido acceso”.

Con este aplazamiento, suman tres las ocasiones en que se impide que la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional conozca la solicitud de medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocido como “Cobra”.

Detalles de los hechos contenidos en la solicitud
Según el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.

En dicho encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien presuntamente utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.

Durante la reunión, el procurador fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial en su contra a cambio de un beneficio económico. La exigencia inicial fue de US$200,000, monto que posteriormente redujo a US$150,000 tras una negociación.

Además, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.

El imputado también habría ejercido coacción mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026 preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo. Para asegurar el pago, habría advertido sobre la inminente judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.

Asimismo, en la instancia se indica que el 27 de marzo de 2026 las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante la operación también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.

El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.

Solicitud del Ministerio Público
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva contra el fiscal, imputado de gestionar y recibir US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo clave en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), denominado “Cobra”.

El órgano acusador asegura contar con más de diez pruebas que sustentan la solicitud de medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, acusado de exigir sobornos a cambio de alterar procesos en fase de investigación para obtener beneficios económicos.

Entre las pruebas testimoniales figura Roberto Antonio Canaán Acta, cuyo testimonio permitiría demostrar la ocurrencia de los hechos, las circunstancias, la modalidad y la forma en que se realizó la entrega del dinero. También se documentan presuntas amenazas, coacción y extorsión ejercidas en su contra.

Canaán Acta también es testigo en el caso del Seguro Nacional de Salud (SENASA), conocido como “Cobra”, el cual involucra al exdirector Santiago Hazim, quien guarda prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras, acusado de cometer irregularidades durante su gestión.