La decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de contratar la empresa Deloitte para que audite los equipos del voto automatizado ha generado una avalancha de críticas de partidos por la forma en que se contrató, supuestos vínculos con el gobierno del presidente Danilo Medina y los cuestionamientos que ha tenido en diversos países a nivel mundial.

Para evitar que las calles se conviertan en su refugio, niños y jóvenes de distintos puntos del país son llevados por sus propios padres, algún pariente o allegado al Hogar Escuela Santo Domingo Savio, el cual ha sido un amparo para menores en condición de riesgo desde 1955.

Fátima Guzmán, una querida comunitaria y dirigente política del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue ultimada por su pareja la madrugada de este viernes.

La Junta Central Electoral (JCE), encabezada por su presidente Julio César Castaños Guzmán, suscribió ayer un contrato con la empresa Deloitte & Touche, para realizar una auditoría forense al Sistema de Voto Automatizado que fue utilizado en las Primarias Simultáneas de los partidos de la Liberación Dominciana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) el 6 de octubre pasado. El valor del contrato asciende a 299,800 dólares, lo cual es correspondiente a los honorarios y gastos del servicio contratado, sin impuestos. La JCE deberá pagar un 50% al inicio del proyecto el próximo lunes, y 50% al finalizar en un plazo de seis semanas.

Se registró un incendio en la parte superior del Estadio Tetelo Vargas, de la ciudad de San Pedro de Macorís, en la noche del jueves 7 de noviembre.

 Candidatos a la presidencia del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) explicaron que el altercado producido esta semana entre diversos juristas se originó porque un grupo de miembros de la entidad solicitaron a la Comisión Nacional Electoral credenciales de que fueron elegidos de manera legal y estos se negaban.

Las fiscalías de San Pedro de Macorís, el Distrito Nacional y Santiago al parecer han establecido como política en casos de violencia intrafamiliar y de género, realizar acuerdos penales con hombres que han agredido y/o maltratado a sus parejas o exparejas.

El ministerio de la Mujer someterá este mes una solicitud ante la Cámara de Diputados para que se modifiquen varios artículos del Código Procesal Penal, buscando que quienes violentan mujeres no puedan salir de prisión bajo “acuerdo”, informó Janet Camilo, ministra de la Mujer.

El Ministerio Público pedirá prisión preventiva, como medida de coerción, a la fiscal suspendida Margarita Hernández Morales, quien se encuentra detenida acusada de haber aprobado la libertad de los feminicidas de Anibel González y Juana Domínguez Salas (Nona), ambos casos ocurridos en San Pedro de Macorís.

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