JCE no logra disipar ante el tribunal electoral las dudas legales sobre bozal que puso a encuestas
La defensa de la Junta Central Electoral (JCE) ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) descansa sobre una premisa cuya base legal nunca llega a acreditar: que una autoridad administrativa puede ampliar por reglamento las restricciones que el Congreso fijó para el ejercicio de un derecho fundamental. Esa es la grieta jurídica que recorre las cuarenta páginas dedicadas a justificar la Resolución 14-2026 y su cuestionado artículo 13.










