La propuesta de reforma policial entregada el martes al Senado introduce un cambio que variaría una práctica histórica en la seguridad dominicana: la eliminación casi total de policías asignados a instituciones públicas y la restricción de su presencia en empresas privadas.

Stephora tenía 4 años estudiando en el Instituto Leonardo Da Vinci, allí también trabajan las 4 personas que hoy procesa el Ministerio Público por homicidio involuntario, negligencia extrema y otros delitos.

SANTO DOMINGO.-El Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP) depositó ayer una querella con constitución en actor civil por el presunto fraude cometido en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el que calificó como “un atentado directo contra la vida y la salud de las y los dominicanos”.

Santo Domingo. – La presunta red de corrupción que operó en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) comprometió la solvencia de la institución y el pago a los Prestadores de Servicios de Salud (PSS) con la sustracción de fondos destinados a la reserva técnica de la institución.

La Línea 1 del Metro de Santo Domingo registró la tarde de este martes una falla que obligó al desmonte de los pasajeros en la estación Pedro Libre Cedeño.

El policía que haya sido sancionado disciplinariamente tres o más veces en los últimos cinco años por faltas muy graves, dará lugar a su desvinculación del servicio activo y no podrá volver a pertenecer la Policía Nacional.

En la solicitud de medida de coerción contra los 10 imputados del caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el Ministerio Público identifica a José Pablo Ortiz Giráldez como mano derecha de Santiago Hazim. Este hombre, según las autoridades, cobraba sobornos a las empresas contratadas y los transfería a Santiago Hazim, “su amigo de treinta años”.

La Corte de Apelación del distrito judicial de Puerto Plata anuló este martes la sentencia que condenaba al pelotero Wander Franco a dos años de prisión suspendida por abuso sexual contra una menor de edad.

Santo Domingo.- La red desmontada en la operación Cobra pagó un incremento fraudulento en la facturación al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), producto del sobretratamiento de pacientes, como en los casos de personas oncológicas, donde se abultaba el número de sesiones de radioterapia y quimioterapia, según a solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público.

El Ministerio Público sostiene que en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) operó, durante varios años, una estructura criminal dirigida a desviar fondos públicos, manipular procesos internos y beneficiar económicamente a un grupo de funcionarios y allegados. La acusación, contenida en la solicitud de medida de coerción y declaratoria de complejidad, depositada anoche, describe un entramado que combinó fraude administrativo, corrupción, falsificación documental y lavado de activos. Por el momento hay diez acusados.