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Pandilleros cometen violación grupal en el sur de Sudán y desatan represión

Yuba.- Una violación grupal contra una menor perpetrada por una banda de pandilleros -conocidos despectivamente y de forma generalizada en el país como «niggers» o «Toronto Boys»- ha desatado la indignación en Sudán del Sur, que ha impulsado una campaña de represión contra estas organizaciones.

El ataque brutal contra una joven de 16 años de unos ocho miembros de estas bandas que aterrorizan Yuba, que grabaron en video, ha marcado un punto de inflexión y desatado la reacción de la ciudadanía, que a través de las redes sociales y en las calles ha exigido medidas urgentes por parte del Gobierno para atender la emergencia a la seguridad que suponen estos grupos.

Una semana después de la agresión, la policía de Sudán del Sur dice haber detenido a más 600 jóvenes que pertenecen a estas pandillas juveniles, compuestas fundamentalmente por adolescentes o jóvenes adultos, provenientes de las diversas tribus y étnias que componen el país más joven de África y el más pobre del mundo, que se distinguen por su estilo inspirado en la cultura estadounidense del rap y el hip-hop.

En los últimos años, las actividades de estos grupos han pasado de la violencia intergrupal – Lost Boys (Chicos Perdidos), Outlaws (Forajidos) y Miami son las tres bandas principales de Yuba – a actos de crimen organizado contra civiles desarmados, incluyendo asesinatos, violaciones y saqueos.

Entre 300 y 500 jóvenes, incluidas mujeres forman parte de estos grupos, que pelean machete en mano por sus zonas de influencia en la ciudad y cuentan con su propia jerarquía y organización, sostenida y defendida con armas.

El consumo de drogas y alcohol y fiestas que acaban en disturbios y violencia son comunes entre estos pandilleros.

Eliminar a esos grupos Paulino Lukudo, vicegobernador del estado de Ecuatoria Central dónde se encuentra Yuba, declaró a Efe que «las autoridades estatales, en colaboración con el Ministerio del Interior, han anunciado una campaña para eliminar a estos grupos criminales, entre ellos SG Slime, West Coast, ODA, Killers Gangs y Black Devil».

Luduku sentenció diciendo que «llevaremos a estos criminales ante la justicia y serán juzgados en público, y en cuanto a las más de 600 personas que hemos arrestado, las internaremos en centros de entrenamiento del Ejército y la policía para convertirlas en soldados útiles para el país».

Por su parte, el general de brigada James Mande Enoka, portavoz oficial de la Policía de Sudán del Sur, instó a la comunidad sursudanesa a identificar a sus niños y jóvenes si estaban involucrados en estas bandas.

Enoka apuntó, que la víctima de violación que ha desatado esta oleada de indignación ha sido trasladada a un centro de tratamiento para recibir la atención médica y el apoyo psicológico necesarios.

Por su parte, el activista Ter Manyang Gatwej declaró a Efe que el ataque formaba parte de una preocupante escalada de violencia contra mujeres y niñas e instó a las autoridades «a garantizar que todos los perpetradores rindan cuentas». También pidió al gobierno a promulgar leyes más estrictas para proteger a las mujeres y niñas.

Pobreza y desempleo Abraham Garang Malek, periodista y analista político especializado en violencia y delincuencia en Sudán del Sur, dijo a EFE que este caso de la violación de esta menor de edad por pandilleros requiere no solo la activación de mecanismos de responsabilidad penal, sino también una campaña social organizada para visibilizar su gravedad y abordar sus causas fundamentales; la pobreza, la falta de educación y el desempleo.

El analista indicó que se requiere la intervención urgente del gobierno para reformar a estos jóvenes, víctimas de una sociedad «frágil y dividida», gobernada por líderes que solo se preocupan por sus propios intereses, denunció Malek.

Los esfuerzos del gobierno para combatir las pandillas en Sudán del Sur han coincidido con la publicación de un nuevo informe de la ONU que afirma que la violencia contra la población civil en Sudán del Sur está alcanzando niveles récord.

El informe documentó 1.607 víctimas mortales en el primer trimestre de este año, la cifra más alta registrada desde 2020.