La evaluación de desempeño docente, que debería ser un instrumento para fortalecer la calidad educativa, se ha convertido en motivo de frustración e indignación para miles de maestros en el país.

En los últimos años se ha hecho cada vez más común escuchar que ya no hay “trabajadores”, sino “colaboradores”. La palabra suena bien. Es amable, moderna, aparentemente más humana. Nadie se molesta con ser llamado colaborador; al contrario, hasta parece un reconocimiento. Pero cuando uno se detiene a pensar con un poco más de profundidad, la pregunta surge casi de inmediato: ¿realmente cambió la realidad del trabajo o solo cambió la forma de nombrarla?

Cuando se habla de desarrollo económico y social sostenido y con equidad, de forma tácita se refiere a bienestar colectivo y sostenibilidad ambiental, que en definitiva dos aspectos que son parte indisoluble del interés público.

Hace pocos días se anunció que el presidente de la República enviará un proyecto de “reforma” a la Ley No. 87-01 que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social, el cual será presentado para discusión en el Consejo Económico y Social (CES).

En la columna anterior dábamos cuenta de que las AFP han consumido la descomunal cifra de $126,489 millones, sumando ganancias y costos de funcionamiento, financiados con el esfuerzo de todos los que cotizan al sistema de seguridad social, a cambio de pensiones de pobreza.

Evaluar debe ser un acto de justicia. Medir el desempeño, en su sentido más noble, no es asustar, someter o castigar; por el contrario, evaluar es comprender, valorar y reconocer; no es presionar, sino orientar y facilitar. Sin embargo, sin pretender juzgar si los episodios recientes responden a negligencias, fallas del sistema o circunstancias imprevistas (porque no es ese el propósito de esta reflexión), lo cierto es que, desde la experiencia acumulada de los procesos de evaluación de desempeño, estos han tendido a convertirse en vivencias marcadas por la incertidumbre, la tensión y el desgaste emocional. No por la evaluación en sí, sino por la manera en que se comunica, se organiza y se ejecuta.

Por: José Mercedes Jáquez Polanco, MSc.

Evaluar debe ser un acto de justicia. Medir el desempeño, en su sentido más noble, no es asustar, someter o castigar; por el contrario, evaluar es comprender, valorar y reconocer; no es presionar, sino orientar y facilitar.

Sin embargo, sin pretender juzgar si los episodios recientes responden a negligencias, fallas del sistema o circunstancias imprevistas (porque no es ese el propósito de esta reflexión), lo cierto es que, desde la experiencia acumulada de los procesos de evaluación de desempeño, estos han tendido a convertirse en vivencias marcadas por la incertidumbre, la tensión y el desgaste emocional. No por la evaluación en sí, sino por la manera en que se comunica, se organiza y se ejecuta.

Hoy, docentes, directivos, orientadores y psicólogos amanecieron con una expectativa clara: debían presentarse a una fase importante de su evaluación de desempeño, sin embargo… el resultado fue el mismo de siempre: desorden, estrés, ansiedad, desconcierto. Y aquí surge la pregunta que incomoda: ¿por qué un proceso que debería fortalecer la educación termina afectando emocionalmente a quienes la sostienen?

Desde la filosofía, evaluar implica un acto ético. Aristóteles nos recuerda que la justicia consiste en dar a cada quien lo que le corresponde. Pero no hay justicia posible cuando se exige claridad desde la sombra, ni cuando se demanda excelencia desde la improvisación. La evaluación pierde su sentido cuando se aleja de la equidad y de las condiciones reales en las que se ejerce la docencia.

No se trata únicamente de una plataforma que falla o de un aviso que no llega a tiempo; se trata de una lógica que se repite: procesos que se anuncian tarde, decisiones que se comunican sin previsión, y actores educativos que deben reorganizar su vida (personal, familiar y profesional) en cuestión de horas. El docente no solo enseña; también espera, se ajusta, se inquieta… y ese estado emocional se desgasta.

Immanuel Kant sostenía que el ser humano debe ser tratado siempre como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Sin embargo, cuando los procesos institucionales no consideran el impacto humano de sus decisiones, el docente termina siendo tratado como un medio para cumplir con un cronograma, una meta o una narrativa de gestión.

La evaluación, en este contexto, deja de ser pedagógica y se convierte en una experiencia emocionalmente costosa: genera ansiedad, altera rutinas, afecta la estabilidad y, en muchos casos, trasciende el ámbito laboral para impactar el entorno familiar.

Porque el docente no es solo un profesional: es una persona que vive, que siente, que se preocupa, que organiza su vida alrededor de su trabajo.
Y aquí aparece otra de nuestras grandes paradojas: un ministerio llamado a ser modelo de organización educativa que, en ocasiones (reiteradas), reproduce dinámicas de desorganización; una institución que exige planificación, pero actúa desde la urgencia (no es casual la ya habitual la frase en los distritos “esto es para ayer”).

Creo firmemente que la relación entre el Ministerio de Educación y los docentes no puede sostenerse sobre la desconfianza o la improvisación; debe construirse desde el respeto, la comunicación efectiva y el cuidado del estado emocional de quienes sostienen el sistema educativo. Porque un docente en tensión no enseña igual, un docente ansioso no acompaña igual, un docente en incertidumbre no construye el mismo ambiente de aprendizaje. Paulo Freire advertía que la educación es, ante todo, un acto profundamente humano que requiere diálogo, respeto y reconocimiento del otro. Cuando estos elementos se pierden, lo que queda no es educación, sino simple cumplimiento.

Evaluar no debería ser una experiencia que se teme o que genere estrés, sino una oportunidad que se valora; no debería generar angustia, sino confianza; no debería desorganizar la vida del docente, sino acompañar su desarrollo profesional. John Dewey planteaba que la educación es un proceso continuo de reconstrucción de la experiencia. Bajo esta mirada, la evaluación debería ser parte de esa reconstrucción, no un quiebre emocional en el proceso.

Como educador, estoy convencido de que el problema no es la evaluación, sino la forma en que la concebimos y la ejecutamos. Y en medio de todo, se nos escapa lo esencial: la educación no es un sistema de procesos, es un sistema de personas. Si queremos una educación de calidad, necesitamos docentes emocionalmente estables, respetados y acompañados. Necesitamos instituciones que comuniquen con claridad, que planifiquen con responsabilidad y que ejecuten con coherencia. Porque al final, la gran pregunta no es si debemos evaluar a los docentes; la verdadera pregunta es otra, más profunda y más urgente: ¿Estamos evaluando para mejorar la educación… o estamos evaluando sin comprender y, peor aún, sin cuidar a quienes la hacen posible?

El país se encuentra indignado ante el brutal asesinato de chofer por una turba de motoconchistas en la ciudad de Santiago.

La educación, como pilar fundamental del desarrollo de cualquier sociedad, requiere de evaluación constante. No solo de los estudiantes, ni exclusivamente del desempeño docente, sino de todo el sistema que la sostiene. Evaluar procesos, estrategias e indicadores es indispensable, pero igual de necesario es someter a revisión a quienes dirigen y toman decisiones desde las más altas instancias.

La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que entre la tarde y noche de este jueves vuelven los aguaceros, por la combinación del alto contenido de humedad en la atmósfera y el viento cálido del Sureste.

El Presidente Luís Abinader declaró “estado de emergencia regional para cinco provincias y el Distrito Nacional” como consecuencia de los daños y afectaciones causadas por la vaguada asociada a un sistema de baja presión que ha impactado el territorio nacional, generando daños significativos en la agricultura, las infraestructuras, viviendas y otros sectores.

Las lluvias registradas la madrugada del miércoles 8 de abril sobrepasaron los 400 milímetros.

El derrumbe de la discoteca Jet Set y las más de 230 muertes no pueden explicarse sin incluir, al menos, la desidia y la negligencia. Ninguna persona común y corriente esperaría años viendo cómo cada día el techo de su inmueble se desmorona, aduciendo que “es polvo de los plafones”, deseando luego la indulgencia de la sociedad.

Este 8 de abril no es solo una fecha más en el calendario. Hace un año, el país quedó marcado por la tragedia del Jet Set, una noche que inició entre música, alegría y celebración, y que terminó en luto nacional tras un hecho inesperado que estremeció a toda la sociedad dominicana. Aquella madrugada dejó pérdidas humanas, familias destrozadas y una herida profunda que aún permanece abierta en la memoria de todos los dominicanos.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán confirmó el cese el fuego bilateral con Estados Unidos, anunciado previamente por el presidente Donald Trump, e informó de que habrá negociaciones para un acuerdo de paz en Islamabad, la capital de Pakistán, a partir del 10 de abril y durante las dos semanas que dure el alto de las hostilidades.

Lo que actualmente ocurre en San Francisco de Macorís merece un análisis profundo y responsable. La situación que envuelve a varios centros educativos de la ciudad no es el resultado de un solo actor, sino de una cadena de fallas acumuladas donde, de una forma u otra, todos tienen una cuota de responsabilidad.

El presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), José Ignacio Paliza, depositó una propuesta de modificación a la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos con el objetivo de fortalecer los controles sobre el financiamiento político, prohibir la entrada de dinero ilícito en las organizaciones partidarias y evitar que personas vinculadas al narcotráfico o al crimen organizado puedan aspirar a cargos de elección popular.

Es actual Procuradora Fiscal Titular de la provincia Duarte, Abogada Litigante, Investigadora Criminal, Funcionaria de carrera del Ministerio Público, Gestora Pública de formación y de corazón.

La conmemoración de la Semana Mayor, tradicionalmente asociada al recogimiento y la reflexión, plantea este año una oportunidad para que los funcionarios de la provincia Hermanas Mirabal evalúen los desafíos aún pendientes, a casi dos años del actual período de Gobierno.

A raíz de los operativos de retención de motocicletas por parte de agentes de la DIGESETT por sus conductores no llevar puesto el casco protector, es imperativo realizar un análisis jurídico de dichas actuaciones.