Medidas de la DGII auguran mejoras en la eficiencia
El marco fue la clausura del segundo Congreso Internacional de consultores Impositivos (CICI 2025), celebrado en el país del 25 al 28 del mes que concluye hoy. Allí, el director de la DGII, Luis Valdez, anunció la puesta en marcha de tres medidas que colocan a la República Dominicana en el selecto grupo de naciones con un sistema de digitalización tributaria avanzada.
A partir del mes que inicia mañana se habilitará el pago de tributos con tarjetas de crédito a través de los canales digitales del Banco de Reservas; el próximo año iniciará la gestión totalmente digital de las operaciones inmobiliarias; y, desde mayo de 2026, la facturación electrónica será de carácter obligatorio.
Con ello, la administración tributaria se adentra en el territorio de la innovación digital, buscando a la vez facilitar el cumplimiento fiscal y reducir los espacios a la evasión. La experiencia internacional confirma que, allí donde la facturación electrónica ha sido implementada con éxito, la administración tributaria se transforma en un espejo nítido de trazabilidad, transparencia y control efectivo de los ingresos, al tiempo que simplifica la vida del contribuyente reduciendo trámites, errores y costos administrativos. Los beneficios de gestionar operaciones inmobiliarias de forma íntegramente digital siguen la misma senda: mayor transparencia y control. Cada transacción queda registrada de manera inmediata y verificable, sin espacio para manipulaciones en documentos físicos. Se garantiza así la trazabilidad del origen de los fondos y del historial de las propiedades. Además, la digitalización aporta eficiencia operativa: menos burocracia, plazos más breves y menores costos administrativos.
Algo semejante ocurre con los resultados de permitir el pago de impuestos mediante tarjetas de crédito.
En países con digitalización tributaria avanzada —como Estados Unidos, Francia, España, Australia o Japón—, este mecanismo se ha convertido en práctica habitual. Sus limitaciones, sin embargo, suelen estar relacionadas con las comisiones que asume el contribuyente, los topes máximos de pago o la exclusión de tarjetas corporativas.
En América Latina y el Caribe también se registran avances. En Colombia, los contribuyentes pueden pagar impuestos con tarjeta de crédito a través de la Oficina Virtual de la Secretaría de Hacienda, y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) autoriza pagos mediante entidades bancarias. En Chile, tanto la Tesorería General como el Servicio de Impuestos Internos (SII) permiten pagos electrónicos de tributos con tarjeta de crédito mediante el Botón de Pago del Banco de Chile.
Los resultados, en términos generales, son inequívocos. Un estudio del Banco Mundial muestra que la expansión de medios electrónicos amplía la trazabilidad financiera y fortalece el cumplimiento tributario en el marco de reformas de inclusión financiera. En Perú, la masificación de la facturación electrónica y de las plataformas de pago se ha vinculado con un aumento de la base imponible y una mayor formalización de operaciones. Allí, la facturación digital mostró efectos positivos sobre las ventas reportadas. En Chile, la articulación entre los operadores de pago y la administración tributaria evidencia que las ventas con tarjeta facilitan la emisión de comprobantes fiscales, reduciendo la evasión en sectores donde antes no se emitían boletas ni facturas.
No se trata de una panacea, pero la evidencia es clara: la digitalización de la administración tributaria, cuando se lleva con rigor y se blindan los riesgos, abre el camino hacia un sistema más transparente, eficiente y confiable.